Voces: RECURSO DE CASACION PROVINCIAL - QUERELLA - VALORACION DE LA
PRUEBA - PRUEBA EN EL PROCESO PENAL - ARBITRARIEDAD - PRUEBA DE PERITOS -
SENTENCIA ABSOLUTORIA - IN DUBIO PRO REO - ABOGADOS - ESTAFA PROCESAL -
ABUSO DE FIRMA EN BLANCO - FALSIFICACIÒN DE DOCUMENTOS PRIVADOS
Partes: D. D. N., p.s.a. falsificación de instrumento público, etc. | recurso de casación
Tribunal: Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba
Sala/Juzgado: Penal
Fecha: 27-dic-2011
Cita: MJ-JU-M-70915-AR | MJJ70915
Producto: COR,MJ
Se anula la absolución por duda del abogado imputado en orden a los delitos de falsificación de
instrumento privado, defraudación por abuso de firma en blanco y estafa procesal en grado de tentativa,
al verificarse en la decisión impugnada la presencia un defecto captable como fundamentación omisiva
que vicia la validez de la decisión adoptada.
Sumario:
1.-Corresponde hacer lugar a los recursos de casación interpuestos por el querellante particular y por el
Fiscal y, en consecuencia, invalidar la decisión que absolvió al imputado por imperio del beneficio de
la duda, en orden a los delitos de falsificación de instrumento privado, defraudación por abuso de firma
en blanco y estafa procesal en grado de tentativa -en el particular, se le atribuyó que en su condición de
abogado, hizo firmar a su clienta posteriormente fallecida, hojas en blanco que luego fueran llenadas
ilícitamente por él, consignando un negocio de compraventa de un inmueble de la nombrada a su favor
para defraudar así a los sucesores con la presentación del boleto que contenía el supuesto negocio,
intentando engañar al juez civil ante el cual presentó tal boleto y falsificando dos recibos que
acreditarían pagos parciales posteriores por el precio de la citada compraventa- pues, más allá de las
imprecisiones y distorsiones sobre los hechos en que habrían incurrido los familiares de quien habría
suscripto los documentos, de las contradicciones vertidas por una testigo o bien de la discusión
generada en torno al aporte convictivo de las pericias caligráficas practicadas en autos, se puede
afirmar que de haberse integrado en el análisis las probanzas denunciadas como omitidas no resultaba
razonable arribar a la conclusión dubitativa a la que se arribó, por lo que se configura un defecto
captable como fundamentación omisiva que vicia la validez de la sentencia impugnada.
2.-El estándar de revisión de la absolución por duda debe acotarse sólo a los supuestos de falta de
fundamentación, fundamentación ilegal o fundamentación omisiva o ilógica, manteniéndose ajenos a
esta vía los agravios enderezados a procurar el control de la aplicación de las reglas de la sana crítica
racional en la determinación del valor conviccional de las pruebas (en el caso, se hizo lugar al recurso
de casación provincial y se anuló la absolución del acusado).
En la Ciudad de Córdoba, a los veintisiete días del mes de diciembre de dos mil once, siendo las once
horas, se constituyó en audiencia pública, presidida por la señora Vocal doctora María Esther Cafure de
Battistelli, con asistencia de las señoras Vocales doctoras Aída Tarditti y María de las Mercedes Blanc
G. de Arabel, a los fines de dictar sentencia en los autos "D., D. N., p.s.a. falsificación de instrumento
público, etc. -Recurso de casación-" (Expte. "D", 44/10), con motivo de los recursos de casación
interpuestos por el querellante particular Fernando Alberto Martínez (patrocinado legalmente por el Dr.
Paulo César Espamer), por una parte, y por la otra por el Sr. Fiscal de Cámara, Dr. Alejandro Cabrera,
ambos en contra de la sentencia número noventa del tres de agosto de dos mil diez, dictada por la
Excma. Cámara en lo Criminal de Primera Nominación de la ciudad de Río Cuarto, integrada de
manera colegiada.
Abierto el acto por la Sra. Presidente se informa que las cuestiones a resolver son las siguientes:
I. ¿Ha omitido la sentencia prueba de valor decisivo para fundar la absolución del imputado D.
dispuesta en la presente?
II. ¿Qué resolución corresponde dictar?
Las señoras Vocales emitirán sus votos en el siguiente orden: Dras. Aída Tarditti; María Esther Cafure
de Battistelli y María de las Mercedes Blanc G. de Arabel.
A LA PRIMERA CUESTION:
La señora Vocal doctora Aída Tarditti, dijo:
I. Por sentencia Nº 90, de fecha 3 de agosto de 2010, la Excma. Cámara en lo Criminal de Primera
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, integrada colegiadamente, en lo que aquí importa, resolvió:
"ABSOLVER a D. N. D., ya filiado, de los delitos que, a título de falsificación de instrumento privado,
defraudación por abuso de firma en blanco y estafa procesal en grado de tentativa, le atribuía el Auto de
Elevación a Juicio. " (fs. 1502 vta./1503).
II.Frente a lo anterior, interponen sendos recursos de casación el querellante particular Fernando A.
Martínez (con el patrocinio del Dr. Paulo C. Espamer) y el Sr. Fiscal de Cámara, Dr. Alejandro
Cabrera.
1. Inicialmente se presenta el patrocinante del querellante particular Fernando A. Martínez, Dr. Paulo
César Espamer e interpone recurso de casación el cual encauza a través del motivo formal previsto en
el art. 468 inc. 2° del CPP.
Previo a plantear la inconstitucionalidad de la normativa procesal que exige el mantenimiento previo de
la impugnación impetrada por parte del Fiscal Gral. a fin que este Tribunal entienda en el recurso (arts.
471, 464 y 446 del CPP), considera que el fallo atacado presenta vicios en su fundamentación al haber
omitido valorar elementos de prueba dirimentes, lo cual, de no haber ocurrido no se hubiera llegado a la
absolución del encartado.
Considera que si las operaciones técnicas realizadas por el Perito de Policía Judicial Juan D. Zana y la
técnica de microscopia confocal de barrido láser practicada por el Dr. Carlos Rubén Más hubieran sido
ponderadas con el resto de los indicios nunca se hubiera llegado a la conclusión absolutoria.
Sostiene que el elemento de prueba central que la sentencia no ponderó adecuadamente es la pericia
caligráfica llevada a cabo por el mentado Zana en colaboración con el Dr. Mas, ya que allí se llegó a la
conclusión de que la firma del boleto de compra-venta tiene "una correspondencia altamente probable
con las firmas indubitadas; asimismo, se determinó con alto grado de probabilidad que la firma de la
vendedora fue puesta con anterioridad al texto del documento".
Es decir, enfatiza, mediante la pericial caligráfica y la técnica de microscopia confocal de barrido láser
sobre el papel y las firmas insertas en el boleto de compraventa se logró concluir que la firma de la
Sra.Martínez de Núñez fue escrita en primer término (es decir, en blanco), posteriormente se incorporó
el texto y, por último, la firma del abogado acusado.
Pese a ello, se queja, el Tribunal de Juicio ignoró el resultado de dicha pericia y la mentada técnica de
barrido láser referida, restándole valor por entender, arbitrariamente que no se habían seguido los
lineamientos del método científico.
Refiere que en la investigación se realizaron dos pericias. La primera fue impugnada por la parte que
patrocina, ante lo cual el Fiscal de Instrucción decidió practicar una segunda pericia caligráfica, como
consecuencia de la fragilidad del dictamen de la primera, ya que la propia Perito Oficial -Laura
Pellegrino- se encargó de aclarar (en su dictamen y luego lo ratificó en el debate) que el "resultado
estaba condicionado al posible aporte de nuevos elementos indubitados".
Luego de esa primer pericia, agrega, se obtuvieron nuevos elementos indubitados por lo que la Fiscalía
decidió acoger el pedido de la defensa y ordenar una nueva pericia en Gendarmería Nacional.
Finalmente, ésta se llevó a cabo pero mediante la intervención de la Sección Grafocrítica de Policía
Judicial ya que así fue autorizado por la Dirección de Administración del P.J.
Destaca que los planteos de nulidad que se efectuaron en contra de la pericia que realizaran Zana y Más
fueron rechazados (proveído fs. 619, A.I n° 2 del Juez de Control y A. n° 93 de la Cámara de
Apelaciones).
Agrega que en la etapa de ofrecimiento de prueba el tribunal de juicio rechazó el pedido de la defensa
del imputado de realizar una nueva pericia por considerar a ello superabundante (fs.1055/6). Por ello
considera que los fundamentos del sentenciante fueron evidentemente contradictorios ya que primero
denegó una nueva pericial caligráfica por considerarla superabundante y luego pretende restarle
validez, considerando arbitrariamente que no puede concluirse con seguridad que la firma de Núñez
fuera puesta primera en el tiempo.
Da razones por las cuales considera que la segunda pericia caligráfica es la prueba científica y objetiva
más importante del proceso, ya que "el resultado surge como consecuencia de la sabiduría,
imparcialidad y honestidad de los Peritos Zana, en colaboración con el Dr. Más." y por la seriedad y
responsabilidad con la que hicieron tal labor. Tan así fue que el propio imputado, cuando solicitó la
nulidad de la misma dijo "que el informe técnico grafocrítico es una verdadera sentencia
condenatoria.".
Refiere que no es cierto que el valor conclusivo de la operación practicada se vea empobrecido por no
haberse seguido los lineamientos del método científico, como tampoco lo es que haya sido necesario
evaluar circunstancias tales como la marca de la impresora, calor, frío o humedad en el comportamiento
del papel. Los peritos Zana y Más, agrega, coincidieron en que en este caso se daban las condiciones
ideales para poder practicar la prueba de microscopia confocal.
Se ignoró la prueba practicada por el Perito Zana quien durante el debate no hizo más que confirmar el
resultado de su pericia, expresando que la técnica aplicada tenía seguridad científica; que era altamente
probable que la firma del boleto se correspondiera con la de M. Amelia; que las tres firmas de los
recibos no se corresponden con las firmas del boleto, que existe una característica similar entre las tres
firmas de los recibos que no existe en el boleto; que Zana, durante el debate, dijo que por "altamente
probable" entendía que "se acerca mucho a lo categóricamente probado" y que el resultado de la pericia
es total y absolutamente objetivo.
Lo mismo ocurrió con el Dr.Más, refiere a la vez que transcribe partes de lo que declaró durante el
debate, donde dijo -entre otras cosas- que la técnica indicada era la de la Microscopia Confocal.
Lo cierto, agrega, es que ambos llegaron a la misma conclusión de que la firma de la Sra. Martínez fue
puesta antes que el escrito porque el impacto que produjo la impresora en la hoja sólo provocó la
reversión de la firma de la Sra. y no la de D. Si la firma de la Sra. Martínez se hubiese puesto después
del escrito, agrega, no hubiese habido deformación sino que sería toda una constante.
Relata que la mentada pericia ignorada debió ser ponderada junto a los indicios unívocos que a
continuación pondera.
En primer lugar, el manuscrito obrante a fs. 8 redactado por María Amelia Martínez de Núñez.
De tal carta, expresa, surge una realidad inexcusable: que Martínez de Núñez niega todo trato comercial
con el Dr. D. y además deja expresa constancia que D. no pudo intervenir para nada en sus bienes
patrimoniales.
La carta, agrega, fue redactada el 8/2/01 y por esa época ella negaba enfáticamente haber mantenido
trato comercial con el acusado, lo cual es un indicio de inexistencia del contrato de compraventa que
según D. se había firmado con anterioridad (20/12/00).
La sentencia habla de "angustias y preocupaciones manifestadas a mediados de 2002" por parte de
Martínez de Núñez y sobre la enajenación de sus propiedades. Empero, destaca el recurrente que ello
no fue así ya que ningún motivo le impedía manifestarlo o consultarlo con alguien, incluso con sus
profesionales de confianza (Ctador. Echenique y Escribana Silvia Perazzo). No consultó, dice,
simplemente porque no tenía certeza de cuantas hojas en blanco le había firmado a D.ni su potencial
utilización por parte de éste sino que sólo la inquietaba la duda al respecto.
Otro indicio en contra del imputado lo constituye -refiere- el hecho que el imputado-abogado le hiciera
firmar a la víctima hojas en blanco para intimar al inquilino a un desalojo, cuando se sabe que ello se
realiza a través de formularios de cartas documentos pre-impresos.
En definitiva, considera que lo expresado por Martínez de Núñez en su manuscrito no hace más que
confirmar el resultado de la pericia caligráfica practicada pro el perito oficial Zana.
Empero, agrega, tanto la pericia caligráfica como el manuscrito dejado por la Sra. mayor se encuentran
apoyados por otras probanzas.
En primer término destaca allí a la entrega voluntaria del documento. Para que ello ocurrier a
previamente D. se ganó la confianza de Martínez de Núñez.
En este tópico considera que el juzgador ignoró, en primer lugar, los dichos de Mabel Di Tocco quien
refirió que el abogado D. ".inició con ella una relación de confianza, diciéndole todo el tiempo que era
una señora muy linda, que quería ser su sobrino, que era muy adulador, la pasaba a visitar, yo los he
visto juntos caminar por la calle".
También informa sobre la confianza ganada, agrega, María Soledad Martínez, quien expresó "D. fue
miles de veces a la casa de mi abuela. los he visto juntos en el escritorio. Y si la encontraba en la calle,
la acompañaba.".
Pero el testimonio más importante e imparcial sobre el punto, destaca, es el de la Escribana Silvia
Perazzo, quien expresó "María Amelia lo quería mucho [al imputado]. La debe haber atendido bien
profesionalmente.Ella me dijo que algunas veces él la acompañaba a misa, y que le llevaba
bombones.".
Se pregunta allí el recurrente sobre cuantos abogados llevan a misa a sus clientes, cuantos les llevan
bombones y responde que ello es un nuevo indicio para afirmar que el imputado utilizó sus encantos
para convencer a la víctima de que le firmara hojas en blanco.
Desde otro costado, considera que es de importancia resaltar que todos los testigos fueron coincidentes
en señalar que Martínez de Núñez era sumamente ortodoxa y muy estructurada, que jamás vendió
ninguna de sus propiedades sino que su intención fue siempre la de dejarle todos sus bienes a sus
sobrinos.
Por lo anterior, considera, fue que el imputado no logró llevar a María Amelia a la Escribanía Vocos
para que la titular de la misma certificara la compra, como sí lo hizo con los abuelos Delfina Marcón y
Humberto Olivetti, tal como surge de los autos "D., D., p.s.a. circunvención de incapaces" que en la
actualidad se tramitan ante la Excma. Cámara 2da. del Crimen de Río Cuarto.
Una vez que la sedujo y obtuvo su plena confianza, agrega, D. logró que María Amelia le firmara
voluntariamente las hojas en blanco.
Sobre ello, destaca que el sentenciante ignoró el testimonio de la empleada doméstica de Martínez de
Núñez, María Rosa Galíndez, quien trabajó en la casa en el momento en que D. se hizo presente y le
solicitó a aquella que le firmara unas hojas en blanco. Expresó esta testigo -dice- que estaba casi segura
que fueron cuatro hojas pero que tenía la total seguridad de que eran más de dos.
Tampoco fue ponderado debidamente, se queja, el testimonio de Carlos J. Echenique, quien relató que
la Sra.María Amelia le había contado que los papeles los firmó en su casa, que él le había recomendado
el rescate de los papeles y luego volvió a su estudio diciéndole que había rescatado alguna de las hojas.
En cuanto al abuso de la firma que requiere el tipo penal dice que el mandato de la Sra. María Amelia
al imputado era desalojar al inquilino. El propio acusado confirmó tal extremo, resalta.
Empero, destaca, lo cierto es que el destinatario de la supuesta intimación nunca la recibió ya que no
consta en el expte. y Chanique manifestó en el debate que se había retirado sólo del domicilio. Esto,
expresa, configura un indicio de que las hojas en blanco continuaron en poder de D.
Pone de manifiesto que la Sra. María Amelia no se llevó el secreto a la tumba, sino que antes de morir
habló y le consultó a sus profesionales de confianza sobre qué podía hacer. Así, como se dijo, habló
con su Ctador., Sr. Echenique, quien le aconsejó que intentara recuperar esas hojas; le contó lo
sucedido a la Escribana de confianza Perazzo, quien le sugirió que la medida que le quedaba era la de
donar todos sus bienes, lo que así se hizo en noviembre de 2002 para evitar un mal mayor.
Luego habla del perjuicio patrimonial que sufrió Martínez de Núñez a raíz del hecho investigado. Lo
anterior, el recurrente lo ubica en noviembre de 2002 ya que el boleto de compraventa se contrapone
con otro acto jurídico (donación).
Quedó claro que la mujer jamás hubiese donado de no haber sido por su plena convicción de que D.
tenía hojas firmadas en blanco en su poder y que ello podía poner en peligro su patrimonio. Es allí
donde se produjo el perjuicio porque ella se despoja de todos sus bienes.Tal acto implicó su deterioro
físico y mental; de hecho a los pocos meses falleció.
Considera el impugnante que obran indicios de mala justificación que avalan la conclusión contraria a
la sostenida por el a quo.
Aquí destaca que el encartado jamás se comportó como dueño. No encuentra motivo el recurrente que
justifique que un experimentado abogado haya adquirido un costoso inmueble céntrico por simple
boleto de compraventa sin tomar el más mínimo recaudo.
Sobre lo anterior, destaca que previo a la supuesta adquisición, el imputado jamás requirió un informe
de titularidad y/o gravámenes al Registro de la Propiedad. No tomó ningún recaudo previo y la única
razón que lo explica es que María Amelia jamás le vendió un bien de su propiedad.
Más sospechoso le parece es que los informes recién los haya requerido al momento de entablar la
demanda civil en contra de los herederos de la causante.
Desde otro costado, destaca el casacionista que D. jamás exteriorizó su condición de dueño del
inmueble. El nombrado nunca ejerció ni exigió la posesión del fundo, nunca comunicó a las inquilinas
del inmueble (las maestras jardineras Tisera y Marzari) que él era el nuevo dueño del inmueble que las
docentes alquilaban, más aún si se piensa que luego de la supuesta adquisición, D.fue quien renovó los
contratos de locación con las nombradas.
Atenta contra la lógica, sostiene, que quien por un simple boleto adquiere un inmueble en pleno centro
de la ciudad de Río Cuarto -valioso-, sin firma certificada de la vendedora, exhiba una inacción
absoluta en torno al aseguramiento de la vía notarial a fin de asegurar la transmisión del dominio.
Por otro lado, tampoco fue ponderado debidamente lo llamativo que sería que Martínez de Núñez se
hubiera desprendido de alguna de las propiedades que formaban un bloque sobre calles Sebastián Vera
y Constitución del B° Centro de la nombrada ciudad.
También resulta absurdo una cuestión no ponderada y es que la supuesta venta se haya efectuado en un
plazo de pago de cinco años sin fijarse ningún tipo de interés.
Otro indicio que aporta fuerza incriminatoria, agrega, resulta ser que el acusado haya hecho certificar
sólo su propia firma y no la de la enajenante.El presentante entiende que la explicación de ello está en
que no pudo certificar la firma de Martínez de Núñez por la sencilla razón de que ambas firmas fueron
estampadas en diferentes momentos y que cuando la nombrada suscribió la hoja estaba en blanco, de
donde resultaba imposible hacer certificar su firma.
Afirma aquí que aquello que dijo la Escribana Vocos durante el debate en cuanto a que Martínez de
Núñez compareció a su escribanía no es cierto, ya que, por un lado, aseguró que la vendedora tendría
alrededor de 60 años cuando en realidad tenía 87 y por el otro, resulta absurdo que la última nombrada
concurriera a dicho lugar pero que la notaria no llegara a realizar la certificación porque estaba leyendo
una escritura y Martínez no la esperó.
Se pregunta aquí el impugnante sobre porqué se presentaría Martínez de Núñez en una escribanía a
certificar una firma que supuestamente había sido estampada con anterioridad y porqué lo haría sin la
compañía de D.
Empero, más aún aporta a su postura, entiende, que conforme a la cláusula quinta del boleto de
compraventa se estableciera que la escritura traslativa de dominio se efectuaría por ante un escribano
designado por el vendedor, por lo que lo lógico -entonces- hubiera sido que Martínez de Núñez hiciera
certificar las firmas en la escribanía de su confianza (Escribanía Perazzo) y no por ante la escribana
Vocos, que era la del acusado.
Finalmente, destaca que ciertas características de la personalidad del acusado (frío, calculador,
oportunista), constituyen otro indicio en contra del mismo. De lo contrario, agrega, no se explicaría que
durante el proceso, lejos de evitar entorpecer el accionar de la justicia, haya llamado por teléfono a la
casa del Perito Dr. Carlos Más mientras realizaba las tareas periciales y que hubiera increpado al propio
Fiscal de Cámara.Se pregunta aquí sobre cuantos abogados acompañan a misa a sus clientas o les
llevan bombones.
Por todo lo anterior, solicita que se declare la nulidad de la sentencia impugnada (fs. 1507/1520).
2. A su turno se presenta el Sr. Fiscal de Cámara, Dr. Alejandro Cabrera, quien también interpone
recurso de casación, canalizándolo a través del motivo formal previsto en el art. 468 inc. 2do. del CPP.
Luego de transcribir el hecho investigado y parte de los fundamentos del fallo, denuncia que la
absolución dispuesta ha vulnerado las reglas de la sana crítica racional y desarrolla lo que entiende que
constituyen tres agravios diferentes.
En lo que considera que configura el primer agravio el Representante del Ministerio Público sostiene
que el apartamiento de las conclusiones de la pericia efectuada con la colaboración del Dr. Más se basa
mayoritariamente en apreciaciones dogmáticas y en un significativo error de interpretación de los
dichos de los peritos al declarar en la audiencia del debate, lo cual priva de razón suficiente a las
conclusiones que se formulan.
Es que, sostiene, se le atribuye a la pericia en cuestión "no haber seguido los lineamientos del método
científico que requiere de pasos y reglas predeterminadas a fin de lanzar un conocimiento"; sin
embargo -al ver del impugnante- los pasos efectuados y descriptos por ambos expertos (perito oficial
Zana y su colaborador Más) se adecuan a una operación efectuada con método preciso y ordenado, que
primero tomó en cuenta que se daban condiciones ideales para una técnica que, aunque novedosa se
ofrece como proporcionadora de datos objetivos y que no destruye el documento objeto de la pericia.En
la pericia, agrega, se utilizó un instru mento de alta tecnología manejado por un especialista altamente
calificado (conforme a su curriculum) que teniendo en consideración la posibilidad de obtener un
registro topológico fiel de la superficie del papel, formuló como hipótesis un determinado y disímil
comportamiento de la profundidad de los surcos de las firmas para el caso de haberse estampado en
momentos distintos y sucesivos, primero una rúbrica (la de la mujer), luego el texto con una impresora
matriz de puntos y finalmente la rúbrica de D.; que realizó las comprobaciones en aquellos sectores del
boleto donde la coincidencia de rastros objetivos permitía comparaciones útiles y que finalmente dio
una explicación totalmente lógica y razonada de sus conclusiones, todo lo cual está claramente
descripto en el desarrollo pericial.
Relata que a fs. 580 vta. y ss. el Perito Zana reseñó los principios de la técnica de microscopía de
barrido láser y en esa misma foja adelanta que fue un hallazgo del Dr. Más, consensuado y compartido
con los peritos de control y él mismo, lo que posibilitó utilizar como parámetro de referencia válido y
confiable la firma perteneciente a D. (certificada por escribana).
Luego de lo anterior transcribe gran parte del acto en cuestión y afirma que los cuestionamientos a
dicho acto pericial lo fueron sólo a modo principista, más aún si se piensa que el Dr. Más en el debate
relató que la certeza de su estudio es del 80 %, entre otras cosas por los imponderables que pueden
presentarse pero que "por lo serio del estudio científico efectuado tiene la íntima convicción de que su
eficiencia es cercana al 100 %".
Al ver del Sr. Fiscal de Cámara ha habido un error de interpretación sobre los dichos del perito.
Contrariamente a lo que se interpretó en el fallo, considera que de la pericia y los dichos del
mencionado Dr.Más surge que sólo se pueden apreciar las reversiones cuando el trazo es lo
suficientemente fuerte y no a la inversa, como lo establece la sentencia. Y ello se patentiza, agrega,
"cuando se han comprobado profundidades de trazos de la mujer de 30 o 27 +/- 3 micras (fs. 586 vta.) y
también similares de la firma de D. (fs. 587 vtra.), verificándose en un caso las reversiones por el
impacto de la matriz de puntos (en la firma de la mujer) y su ausencia (en la firma de D.)".
Desde otro costado, entiende el Titular de la Acción Penal que el desconocimiento de los peritos de
control tampoco es argumento válido para desechar la fuera convictiva de la pericia, desde que la
colaboración del Dr. Más y su especialización fue autorizada por la Fiscalía y era conocida por las
partes.
Acto seguido el Sr. Fiscal de Cámara se refiere a lo que entiende que constituye un segundo agravio
donde denuncia una vulneración al principio de razón suficiente por omisión de ponderación de
pruebas relevantes.
Puntualmente entiende que no fue ponderada debidamente la carta manuscrita de fs. 8 que
confeccionara la Sra. Martínez de Núñez.
El sentenciante tuvo por cierto que tal documento fue redactado de puño y letra por la mujer fallecida
en la fecha que da cuenta. Empero, se consideró que lo relativo a los papeles a los que allí se refiere no
puede trasladarse a diciembre de 2000 (fecha en la que se firmó el boleto de venta, según certificación
de la escribana Vocos).
Critica que a lo largo de toda la sentencia no se efectuó ninguna valoración a la negativa expresa de
Martínez de Núñez efectuada en el manuscrito en cuanto a no tener con D. ningún "otro trato
comercial" que no sea el trámite con Echenique por falta de pago, negativa tenida por auténtica y
efectuada con fecha posterior a la firma del boleto, también tenida como auténtica.Destaca que es
significativo que el primer párrafo de dicha misiva alude a hojas firmadas en blanco, lo cual es una
circunstancia siempre negada por el acusado pero enervada por tal afirmación en el documento en
cuestión, al cual todas las partes (incluida la defensa) y también el tribunal aceptan como auténtico.
Si se tiene en cuenta que lo devuelto -según recibo- no fueron hojas en blanco sino dos cartas de
intimación llenadas y firmadas resultaba ineludible que la sentencia evaluara el significado de tan
rotunda negativa de la mujer posteriormente fallecida, contrastándola con el resto del plexo probatorio.
La omisión en cuestión resulta de suma importancia desde que ninguno de los testimonios vertidos ni
argumentación alguna del sentenciante le atribuye a Martínez de Núñez características personales que
permitan sospechar de su honestidad (sino todo lo contrario), lo que cual sería un presupuesto lógico
necesario para inferir que la mujer vendió el inmueble a D. y luego lo negó y además en los dos años
siguientes recibió las pertinentes cuotas anuales para poco después (septiembre de 2002) defraudar al
imputado donando "todos sus bienes" a su sobrino nieto preferido.
Refiere que no ignora que en la sentencia se consigna que antes de la fecha del manuscrito no hubo
hojas en blanco firmadas que pudieran ser objeto del abuso defraudatorio porque, por un lado, no hay
error en la fecha que -según la carta- tuvo lugar la firma de las hojas en blanco por Martínez de Núñez
y por el otro, porque ningún papel en blanco quedó en poder de D.
Empero, dice, debe tenerse en cuenta la ligazón entre la existencia de las hojas firmadas en blanco, la
alta probabilidad determinada por la pericia de que la firma de la mujer en el boleto de compra venta
haya sido puesta con la hoja en blanco, la rotunda negativa de la misma de haber tenido trato comercial
con el acusado y la falsedad que se adjudica a los recibos por las dos cuotas anuales.De ello, agrega,
surge una columna vertebral probatoria cuyos eslabones, conjuntamente ponderados, conducen a privar
de razón suficiente a la conclusión absolutoria, independientemente del disminuido valor convictivo de
los testimonios contradictorio de los familiares o de las controvertidas conclusiones de las pericias
caligráficas.
Finalmente, y titulándolo como tercer agravio, el Representante del Ministerio Público ataca la
conclusión del a quo que considera que no hay certeza de que sean falsos los recibos de las cuotas
anuales pagadas, según aduce D.
Aclara que coincide con el tribunal en cuanto a que las pericias caligráficas son contradictorias y no
arrojan certeza sobre el punto.
Empero, sostiene, la sentencia ha evaluado esa probanza en forma aislada omitiendo ponderar la
rotunda negativa de la mujer en la carta manuscrita y todos los aspectos mencionados líneas arriba en
relación a la pericia llevada a cabo por el Lic. Zana.
Lo anterior, unido a que todos los testigos afirmaron que nunca la mujer (persona de edad con hábitos
arraigados) hizo un recibo a máquina; que, más aún, no poseía máquina, y que todos los recibos
aportados tanto por Chanique (de su alquiler) como por la parte querellante (por pagos a empleadas
domésticas) confirman tal aserto, modificando en definitiva la conclusión a la que se arribara y
conducen a tener privada de razón suficiente a la misma por omisión de esa ponderación probatoria
integral.
Por todo lo antes valorado, solicita la nulidad de la sentencia atacada (fs. 1521/1534).
III. Mediante dictamen P N° 848 del 24/9/10 y en la oportunidad prevista en el art. 464 del CPP, se
expide el Sr. Fiscal Adjunto de la Pcia., Dr. José A. Gómez Demmel, manteniendo los dos recursos
interpuestos (fs. 1544/1548).
IV. 1. Como primer cuestión, corresponde destacar que atento al mantenimiento Fiscal del recurso
interpuesto por el querellante particular, ha devenido abstracto el planteo de inconstitucionalidad que el
mismo hiciera en relación a los arts. 446, 464, 471 del CPP.
2.Dicho lo anterior, válido es aclarar que atento que ambos recursos se dirigen a cuestionar la
fundamentación del fallo por diversas omisiones en el tratamiento probatorio, serán tratados
conjuntamente, al igual que los diferentes reproches que efectúa el Sr. Fiscal que titula como diferentes
agravios, ya que, en rigor, forman parte de la misma crítica.
3. A fin de absolver al encartado D. por el beneficio de la duda de los delitos atribuidos en la acusación
instructoria, el a quo tuvo en cuenta lo siguiente:
* Ponderó inicialmente el manuscrito que el 8/2/01 redactó de puño y letra María Amelia Martínez de
Núñez a la vista de su sobrina nieta María Soledad Martínez (fs. 8). En el mismo consignaba que ese
día había firmado a su abogado -el imputado D.- "dos hojas en blanco, con la intención de hacer dos
cartas de intimación al Señor Ramón Echenique [en rigor Chanique], que me atiende por falta de pago.
Dichas cartas no me han sido leídas por lo cual ignoro cómo las llenó y su contenido". Se destaca que
en ese manuscrito además se consignó que con D. sólo la une tal trámite, que no existe entre ellos trato
comercial, que la única intervención autorizada sobre sus bienes está en cabeza de sus sobrinos y
sobrinos nietos y que se encontraba ".en completo estado de salud mental.".
Lo anterior lo relacionó con que, 48 hs. más tarde, la sobrina política de Núñez, Carmen Mabel Di
Tocco se presentó en el domicilio de D. reclamándole la entrega de los papeles, manifestándole el
letrado que por la tarde de ese mismo día concurriera a su estudio jurídico, lo que así se hizo, yendo a
este lugar la nombrada, su hija María Soledad y la propia Amelia de Núñez. Lo anterior, sostuvo el a
quo, quedó documentado en el recibo de fs.135 donde, con fecha 10/2/01, se consigna que el imputado
entregó a Núñez "DOS contratos de locación; DOS recibos de alquileres y DOS cartas de intimación,
todo firmado por mi parte y correspondiente al caso del Sr. Omar Ramón Echenique. No quedando por
mi parte documentación alguna para ser reclamada al Dr. D. N. D."
Acto seguido, el sentenciante dio razones por las que consideró auténtica la signatura de María Amelia
de Núñez en el recibo de fs. 135. Ponderó allí los dichos de María Soledad Martínez, las conclusiones
de la perito calígrafo Pellegrini y desechó l as oscilantes manifestaciones sobre el punto de Di Tocco
como asimismo las conclusiones del Perito Zana.
Realizó allí el a quo una conclusión parcial en cuanto a que Núñez recibió de D. los papeles que en su
manuscrito dice haber firmado en blanco y el contenido de los mismos coincide plenamente con el caso
del inquilino Chanique.
Tuvo en cuenta aquí el sentenciante que María Soledad Martínez dijo que al salir del estudio Martínez
de Núñez se mostró dudosa en cuanto a que D. hubiere retenido algún papel firmado en blanco
mientras que Di Tocco dijo que aquella hizo mención al punto pero dentro del estudio y al mismo D.
Más allá de esta contradicción, entendió el a quo, los dichos de Di Tocco y María Soledad quedan
neutralizados por el contenido del manuscrito y el recibo que firmara aludiendo solo a dos cartas de
intimación y a la leyenda "no quedando por mi parte documentación alguna para ser reclamada".
* Relacionó lo anterior con el testimonio del plomero Chanique, quien al declarar -se sostuvoconfirmó
que para fines de 2000 y principios de 2001 tenía problemas para pagarle a Martínez de
Núñez el alquiler y que efectivamente fue desalojado.Se ponderó allí que conforme a los recibos de
alquiler aportados por la defensa, el último pago que realizó Chanique corresponde a noviembre de
2000 por lo que para el mes de febrero de 2001 se cumplían los dos meses impagos que habilitaban la
intimación y desalojo. Consideró entonces el tribunal de juicio que nuevamente la fecha de la carta y el
recibo de devolución de documentos coincide razonablemente con otras circunstancias avaladas.
* Realizando un paréntesis en el análisis probatorio, la Cámara del Crimen consideró que la parentela
de Núñez realizó esfuerzos para trasladar los hechos de febrero de 2001 a diciembre de 2000 que es la
fecha del cuestionado boleto de compraventa. "Sin predicar conjura en estos testigos", se dijo, lo
anterior no fue corroborado por prueba independiente ya que nada autoriza a considerar que la carta
manuscrita de Núñez, el recibo y las probanzas vinculadas al caso Chanique correspondan a una fecha
diversa a la asentada en los instrumentos.
* Se agregó en el fallo que no se correspondía con esa supuesta inquietud y preocupación de Amelia de
Núñez por la supuesta retención de algún papel firmado en blanco por parte de D. que siguiera en
contacto con el mismo a lo largo del año 2001, tal como lo acreditan los contratos de locación que el
imputado confeccionara a los locatarios Tisera, Marzari y Botazzo.
* Se valoró luego que del testimonio de la escribana Perazzo surgía que la misma había tenido noticia
de papeles firmados en blanco a través de Mabel Di Tocco en el año 2001 o 2002. Esta, se agregó,
luego de la noticia se presentó con Núñez en su escribanía e hicieron la donación de bienes a favor de
Fernando Martínez. De tal documento, se especificó, surge que el mismo se efectúo el 13/11/02, lo cual
"podría aproximar la fecha de las inquietudes de Núñez a ese año, alejándolas considerablemente de
aquél febrero de 2001.En todo caso, no hay certeza sobre el punto.".
* Se sumó a lo anterior el testimonio del Contador Echenique, quien también receptara las
preocupaciones de la anciana por los papeles firmados en blanco. Este dijo que ello ocurrió con
posterioridad a junio de 2002, recordando ello por ser esa la época del fallecimiento de su madre.
* La declinación física y mental de Núñez, se agregó, conforme a los dichos de Perazzo y Echenique,
se produjo luego de la donación de sus bienes. Se aclaró allí que más allá de la supuesta firma en
blanco, fue el desprendimiento de su patrimonio lo que aceleró un proceso morboso detectado por
estudios durante el mes de noviembre de 2002, "no obstante que, al decir del forense, Dr. Subirachs, la
patología vascular a la que se sumó el Mal de Alzheimer, comenzó unos tres años antes".
Lo anterior, destacó el a quo, lleva a afirmar que aún cuando pudiera pensarse que Amelia de Núñez, a
finales de 2002 haya actualizado una preocupación por papeles firmados en blanco a D., sus conductas
precedentes a esa fecha no autorizan a concluir con certidumbre que en verdad haya existido la firma de
papeles en blanco, a excepción de aquellos vinculados con los acontecimientos de febrero de 2001 que
"tuvieron finiquito en esa época". Se hizo mención allí a los testimonios del arquitecto Decouvette y del
comerciante Motta, quienes fueran citados a requerimiento del Sr. Fiscal de Cámara y en prieta síntesis
refirieron a conversaciones con D.ubicadas entre el año 2000 y el 2001, en las que les habló de la
adquisición de una propiedad sobre calle Sebastián Vera, consultando sobre las posibilidades de
construcción que el terreno ofrecía (Decouvette) o bien sobre el valor de la tierra (Motta -empleado de
una inmobiliaria).
* Con lo hasta aquí analizado el sentenciante consideró que quizás las angustias y preocupaciones de
Martínez de Núñez y su familia pudieron deberse no ya por la cuestión de las firmas en blanco sino por
la efectiva enajenación de una de las propiedades que integraban el acervo hereditario.
* Se analizó como prueba desincriminatoria al testimonio del Dr. Raúl Perazzo, quien oficiaba de
abogado de María de Núñez para ciertos asuntos y relató que la nombrada en una oportunidad se
presentó en su oficina consultando por una de sus propiedades porque del texto de la escritura no
alcanzaba a entender si era de su exclusiva propiedad o en condominio con sus sobrinos, agregando que
deseaba venderla o donarla (no recordó con precisión esto último). El testigo afirmó que le aconsejó
que tuviera precaución porque eran épocas de crisis económica, lo cual "no es otra que la crisis de fines
de 2000 y principios de 2001 por todos conocida.", aclaró el tribunal de juicio.
* Se ponderó que la certificación de la firma del imputado inserta en el boleto de compra venta de la
causa que hiciera la escribana María Luisa Vocco (testimonio no objetado durante el debate) el
22/12/00, dio fecha cierta al acto en un tiempo en el cual, cualquier preocupación o inquietud de
Núñez, era inexistente."De este modo, los esfuerzos de la parentela de la mujer por trasladar la carta de
febrero de 2001 a diciembre de 2000 en modo tal de asociar el boleto de compraventa con papeles
firmados en blanco y posteriores conductas abusivas quedan, al menos por duda, neutralizados".
* El testimonio de la nombrada Vocco, a criterio del juzgador explica porqué en el boleto de compra
venta no se certificó la firma de Martínez de Núñez y si la de D. Refirió allí que la nombrada relató que
la mujer la visitó en su oficina a los fines de la mentada certificación, presentándose por su nombre;
que al decirle que debía esperar para ser atendida Martínez de Núñez aguardó sólo un momento y se
retiró sin completar el trámite. La actitud de impacientarse ante la alternativa de esperar, se agregó, fue
confirmada por el abogado Perazzo ya que esa era la actitud que asumía cuando iba a su estudio.
* Luego se dieron en el fallo extensas razones de porqué se privaba de todo valor convictivo a la prueba
de microscopía confocal que, con la intervención de los Peritos Zana y Más (el primero "se limitó a
acompañar" al otro, se dijo) concluyera que, en el boleto de compraventa de autos, la firma de Núñez se
colocó en primer término, luego el texto y por último la firma del imputado.
El valor conclusivo de la probanza en cuestión, se destacó, se vio empobrecido por no haberse seguido
los lineamientos del método científico.
Lo anterior el a quo lo entendió así por cuanto la prueba de "barrido láser" no pudo ser controlada por
los otros peritos desde que no puede controlarse sobre aquello que se desconoce. Resultó claro, se dijo,
que, entre otras cosas, no se sabía cuál era el programa o software con el que funcionaba el
microscopio, se desconocía cómo programarlo, el único que entendía sobre su manejo era el Dr.Más,
nunca había sido utilizado sobre papel, no se efectuó estudio comparativo respecto de la impresora
usada, no se reiteró la prueba a fin de determinar si, ante circunstancias tales como calor, frío,
humedad, el comportamiento del papel varía.
A más de lo recién expuesto, consideró determinante el juzgador que el propio Dr. Más no sometió la
técnica a los procesos formales de aprobación científica, es decir, a la crítica de otros científicos
especializados, no sólo en microscopía de barrido láser, sino, también, en documentología. Más aún, al
serle notificada la realización del estudio, se negó a ponerlo a disposición para nuevas pruebas porque
no estaba validado científicamente y así se mantiene hasta la actualidad.
* Desechó luego lo que sostuviera el Sr. Fiscal de Cámara en cuanto que fueran falsos los dos recibos
firmados por Núñez que acreditarían el pago de dos cuotas del saldo adeudado por la venta de la
propiedad.
El titular de la acción penal sostuvo lo anterior ponderando la firma y también que dichos recibos
fueran hechos a máquina cuando María de Núñez hacía sus recibos de puño y letra.
El a quo consideró que no hubo certeza sobre tales extremos. Inicialmente, dio sus razones para
descartar las conclusiones en cuanto a la "alta probabilidad" de falsedad de la firma a la que habían
hecho referencia los peritos Zana y Romón (fs. 1498 vta.).
En cuanto a la circunstancia que tales recibos hayan sido confeccionados con máquina de escribir
consideró el juzgador que no se profundizó la investigación respecto de ese punto. Ello por cuanto la
testigo Hernández dijo que en la oficina de D. había una máquina de escribir, por lo que ante la
negativa del abogado respecto a tal circunstancia, podría haberse dispuesto la realización de alguna
prueba que permitiera determinar qué herramientas utilizó para la falsa confección de los recibos.A más
de lo anterior, consideró como una "circunstancia elocuente que resta fuerza a la sospecha" y es que
dichos recibos están confeccionados en los clásicos talonarios usados por la mujer.
* L uego el sentenciante privó de toda eficacia convictiva y tildó de mendaces a los dichos de María
Rosa Galíndez, empleada doméstica de Martínez de Núñez en el período en que se atribuye al
encartado haberle hecho firmar a ésta última hojas en blanco.
Previo consignar que la testigo se encontraba estrechamente vinculada a Mabel Di Tocco (madre del
denunciante) recordó que la misma había dicho que su patrona firmó papeles en blanco a D. y abundó
en detalles sobre el momento de la firma.
Luego agregó que lo que Galíndez aportó no era más que una fábula que contradecía incluso los datos
dados por los familiares (destacó allí una contradicción en sus propios dichos sobre el estado de ánimo
de la anciana luego de la supuesta firma de los papeles). A más de lo anterior, resaltó, el grado de
confianza que se atribuye con su patrona se da de bruces con el escaso tiempo en que se desempeñó
como empleada y con las afirmaciones del sobrino de aquella (Juan Esteban Martínez) en cuanto a que
la misma mantenía distancia y hasta trataba con exceso de rigor a sus empleadas.
Afirmó también el juzgador que la aseveración de que lo narrado sucedió en diciembre de 2000 se
topaba con la misiva de la propia Núñez fechada el 8 de febrero de 2001.
Para fortalecer lo aseverado, la Cámara del Crimen destacó que la hija de Galíndez, Alfonsina Gómez,
también fue mendaz al decir que su madre trabajó en lo de Martínez por "mucho tiempo", estimándolo
en un año.* Para finalizar, el sentenciante consignó que con los dichos de la parentela de Martínez y las
manifestaciones de Galíndez no podía extraerse una conclusión que tuviera visos de certidumbre y que
".no han podido acordar siquiera sobre el lugar en que firmaron los papeles, el motivo por el cual se
firmaron o la cantidad de papeles de que se trató". Si existía una prueba de posible firma en blanco,
remató, motivo de la misma y modo en que se resolvió la cuestión (mediante la devolución de lo
firmado) la ha aportado la propia María Amelia Martínez, dejando por escrito su testimonio y firmando
un recibo que acreditó el modo en que se zanjó el tema.
4. Como cuestión liminar, corresponde recordar cuál es el límite que la solución en virtud del in dubio
pro reo impone a la revisión casatoria, conforme se ha establecido en reiterados precedentes (T.S.J.,
Sala Penal, "Angeloz", S. n°. 148, 29/12/99; "Bona", S. n° 109, 11/12/00; "Franget", A. nº 298,
11/9/2003; "Ahumada", S. 6, 17/02/2005, entre muchos otros).
En ellos, rescatando antigua y respetada jurisprudencia de la Sala, respaldada por autorizada doctrina,
se concluyó que el estándar de revisión de la absolución por duda debe acotarse sólo a los supuestos de
falta de fundamentación, fundamentación ilegal o fundamentación omisiva o ilógica, manteniéndose
ajenos a esta vía los agravios enderezados a procurar el control de la aplicación de las reglas de la sana
crítica racional en la determinación del valor conviccional de las pruebas (T.S.J., Sala Penal, A. n° 114,
1/7/97, "Nieva"; S. n° 148, 29/12/99, "Angeloz"; S. n° 193, 21/12/06, "Battistón"; S. n° 116, 14/05/09,
"Marroncle", entre muchos otros; cfr., Núñez, Ricardo C., El contralor de las sentencias de los
tribunales de juicio por vía de la casación, Opúsculos de Derecho Penal y Criminología, N° 40, Marcos
Lerner Editora Córdoba, p.31; De la Rúa, Fernando, La casación penal, Ed. Depalma, p. 152 y 153;
Bacigalupo, Enrique, La impugnación de los hechos probados en la casación penal y otros estudios,
Ad-Hoc, Presunción de inocencia, in dubio pro reo y recurso de casación, p. 26 a 34, 44 y 45).
Configuran modalidades de la fundamentación omisiva, no sólo la ausencia de ponderación de pruebas
cuya relevancia se procure demostrar, sino también cuando la sentencia absolutoria se ha basado en
indicios, que se haya efectuado su consideración conjunta porque la fundamentación que prescinde de
tal lectura integrada que es la única que confiere sentido convictivo a los indicios configura una
motivación omisiva que nulifica la decisión en ella sustentada (T.S.J., Sala Penal, S. n° 112, 13/10/05,
"Brizuela"; S. n° 193, 21/12/06, "Battistón").
Este estándar se mantiene respecto del recurso de casación de los acusadores, pues el imputado tiene un
derecho al recurso asegurado constitucionalmente (CADH, 8, 2, h) que provoca un mayor contenido
revisable y entre éste se encuentra la determinación del valor convictivo de las pruebas con el límite de
la inmediación, en procura de resguardar la interdicción de la arbitrariedad en el ejercicio de esas
potestades por el Tribunal del juicio, tal como lo destacara la CSJN en el precedente "Casal" del
20/09/05, erróneamente citado por el recurrente.
5. Entrando de lleno al análisis de los recursos impetrados por los acusadores, anticipo que postularé el
acogimiento de los mismos y en consecuencia la nulidad de la sentencia atacada.
a. De lo consignado en el punto 3, puede advertirse que la sentencia atacada absuelve por el beneficio
de la duda al encartado D.por entender que no se acreditó en el juicio que el mismo, en su condición de
abogado, hubiera hecho firmar a su clienta María Amelia Martínez de Núñez hojas en blanco que luego
fueran llenadas ilícitamente por él, consignando un negocio de compra-venta de un inmueble de la
nombrada a su favor (y estampando su propia firma), para defraudar así a los sucesores de la nombrada
con la presentación del boleto que contenía el supuesto negocio, intentando a su vez engañar al juez
civil ante el cual presentó luego tal boleto y falsificando dos recibos que acreditarían pagos parciales
posteriores por el precio de la citada compra-venta.
Para ello, en prieta síntesis, llegó a la conclusión que de haber existido firma en blanco alguna por parte
de Martínez de Núñez, se habría insertado con fecha 8/2/01 en dos hojas que luego fueron completadas
con una intimación para un inquilino de apellido Chanique (tal como se había comprometido), lo cual
fue devuelto a la mujer 48 hs. después, aspecto que consideró que surgía de un manuscrito efectuado
por la misma mujer el 8/2/01 (fs. 8) y de un recibo que corre a fs. 135. Frente a ello, consideró el
juzgador que de los dichos de la parentela y manifestaciones de la empleada doméstica Galíndez, por
sus imprecisiones y mendacidades (fundamentalmente en relación a la última) no podían extraerse una
conclusión certera sobre la existencia de firmas en blanco vinculadas al boleto de compra venta de
autos.
b. Inicialmente corresponde señalar que conforme a lo consignado en el punto precedente, el a quo
-dando sus razones- negó toda fuerza convictiva a una prueba de gran importancia en casos como el
presente, como lo es la pericia caligráfica, la cual fuera practicada por el perito de Policía Judicial Juan
Zana, quien, según el sentenciante, "siguiera" al Dr.Carlos Más.
El análisis de tal probanza y su descarte (de lo que se quejan ambos recurrentes), por una razón
netamente metodológica, será objeto de ponderación posterior.
Aclarado ello, afirmo que llevan razón los recurrentes en lo relativo a la denuncia de omisión de
ponderación de determinadas probanzas en el plexo en que se insertan y en la absoluta falta de
consideración de determinadas evidencias que, de haberse integrado debidamente al análisis, la
conclusión dubitativa -asentada más que nada en las imprecisiones de los familiares de los querellantes
o de la testigo Galíndez- no hubiese podido mantenerse razonablemente.
En primer lugar, acreditado se encuentra -como lo destaca la parte querellante- que el imputado D. se
había ganado la confianza de Martínez de Núñez. Si bien la parte querellante pretende acreditar este
extremo a través de probanzas que no fueron incorporadas al debate (ej. declaración de la escribana
Bartolomeo de Perazzo, quien en la investigación penal declaró que el imputado solía llevar a la mujer
a misa o bien le regalaba bombones) lo cual no es correcto, esa confianza surge de la propia relación
abogado-cliente y de los propios dichos del imputado, quien dijo haber sido amigo de los herederos de
la mujer y haber tenido una "amistad" con esta que perduró treinta y cinco años hasta su muerte; que no
le cobraba por sus trabajos y que aquella le confiaba sobre supuestos desmanejos económicos de sus
sobrinos, aspecto que le preocupaba.
Esa confianza era tierra fértil, según los recurrentes (en especial la parte querellante) para que el
imputado D. hiciera firmar a Martínez de Núñez documentos o papeles en blanco, uno de los cuales fue
luego completado -ilícitamente, según aquéllos- con el boleto de compra venta cuestionado. Frente a
ello, el tribunal de juicio, ponderando exclusivamente parte del manuscrito que Martínez de Núñez
confeccionara el 8/2/01 (fs.8) refiere que de haber existido documentos firmados en blanco, serían solo
los dos que habría firmado ese día, que -según tal manuscrito- estarían referidos al desalojo por falta de
pago por parte del inquilino Chanique, agregando que por ello se explica el contenido del recibo de
documentación que el imputado hiciera ante el requerimiento de la mujer y su sobrina política Di
Tocco (fs. 135).
Esa conclusión sería posible, como también posible resultaría que los documentos firmados en blanco
por Martínez de Núñez el 8/2/01 -y dejados en poder de D.- no hubieran sido los únicos de acuerdo a lo
que apunta el acusador privado cuando señala a la testigo Galíndez, ya que diversos testigos refieren
que la mujer manifestaba preocupaciones por tal cuestión tiempo después, más precisamente a
mediados del año 2002 (ej. Contador Echenique -a quien le dijo que lo firmado eran tres hojas y no dos
que es el número al que se refirió en el manuscrito- o bien las empleadas de tal profesional -Rita
Alfonso o María E. Bertorello-). Hasta allí, el campo de lo posible y por moverse en ello es que la
Cámara consideró que había dudas sobre tal aspecto.
Empero, el arribo a ese grado convictivo sobre la cuestión fue logrado omitiendo las si guientes
cuestiones y probanzas denunciadas por los impugnantes:
* Que Martínez de Núñez era una persona conservadora que nunca había enajenado ninguna de sus
propiedades y su intención era que al morir sus bienes quedaran en manos de sus sobrinos, lo cual
contrasta con lo plasmado en el boleto de compra-venta cuestionado (aspecto denunciado por la parte
querellante), donde aparece vendiendo un inmueble en sus últimos años de vida.
Lo anterior puede extraerse del testimonio de Carlos J.Echenique, testigo calificado sobre el punto ya
que conocía a la mujer "desde siempre" por ser amiga de su madre y porque, por su profesión de
Contador Público, le liquidaba impuestos, agregando que los sobrinos de Martínez de Núñez "eran la
luz de sus ojos" y que no creía que la nombrada hubiera dispuesto de algún bien porque no lo
necesitaba. En idéntico sentido se expresaron las empleadas de dicho Contador Público: Rita P. E.
Alfonso y María E. Bertorello (fs. 295 y 296/7 -incorporados por su lectura al debate -fs. 1477/1478-).
La primera, luego de referir que había tratado por cuestiones laborales con María Amelia Martínez a lo
largo de 9 años, expresó que aquella nunca refirió su intención de vender la propiedad donde vivía y
que la misma iba a quedar para sus sobrinos; la restante (quien trató a la mujer por aproximadamente
10 años), por su parte, fue más allá al decir que en todos los años que la atendió jamás vendió una
propiedad ni le manifestó la intención de vender la casa, agregando que "si hubiera vendido una casa
me hubiera dicho para ver como pagar menos impuestos".
Ilustra sobre esta circunstancia denunciada por la querella el testigo Roberto A. Caffarati, quien declaró
que siempre quiso comprarle un campo que tenía Martínez de Núñez y la misma sistemáticamente se
negaba a vendérselo, por lo que terminó de comprarlo a la sucesión.
El sentenciante pretende desactivar este indicio denunciado por la querella recurriendo a los dichos del
abogado Raúl E.Perazzo (esposo de la escribana Bartolomeo de Perazzo). Este recordó que "alrededor
del año 2000 o 2001" Martínez de Núñez se hizo presente en su oficina llevando un título de propiedad
y le consultó sobre si el inmueble estaba a su nombre o en condominio con los sobrinos,
mencionándole "algo de vender o donar", respondiéndole el testigo que tuviera cuidado por la situación
económica que se vivía en el país en ese momento. El juzgador dedujo que esa consulta estaría referida
a la venta plasmada en el boleto puesto en crisis (y de allí su voluntad de vender) ya que la situación a
la que aludió el abogado de la que Martínez de Núñez debía cuidarse "no es otra que la crisis de fines
de 2000 y principios de 2001 por todos conocida". Empero, corresponde destacar, por un lado, que el
testigo no pudo precisar si la consulta era relativa a una venta o bien a una donación y por el otro, que
la crisis financiera a la que se refiere e hizo alusión Perazzo (aquella que derivó en el conocido
"corralito financiero") no tuvo lugar a fines del año 2000 -fecha que surge del boleto de compra-ventasino
a fines del año siguiente, época que coincide con aquella a la que se refirió la escribana
Bartolomeo de Perazzo (declaración que también fue denunciada como omitida por la parte
querellante) cuando relata la donación de bienes que efectuó Martínez de Núñez en favor de sus
parientes. Por lo tanto, dable es concluir que la consulta que la mujer hizo al Dr. Perazzo se encontraba
vinculada a la donación que instrumentó mediante la participación de su mujer (escribana), lo cual tuvo
lugar al año siguiente de la firma del mentado boleto de compraventa.
Recurre también el a quo a los testimonios del arquitecto Decouvette y del comerciante Motta
(empleado de una inmobiliaria) para reforzar la aseveración de que Martínez de Núñez le había vendido
la propiedad a D.Empero, la lectura de los mismos sólo vislumbra que, mientras evaluaba el imputado
la factibilidad de efectuar algún emprendimiento inmobiliario en el inmueble, les manifestó que había
comprado el mismo, lo cual no significa que efectivamente así fuera.
Se muestra así que lleva razón la parte acusadora privada en la denuncia de omisión de ponderación de
este indicio.
* Que la venta del inmueble de autos por parte de María Amelia Martínez, a más de no evidenciarse
como necesaria para ella por no padecer apremios económicos, la perjudicaba por cuanto se desprendía
de una de las unidades que componían un bloque de inmuebles contiguos, tal como lo denuncia la parte
querellante.
La existencia de tal bloque de inmuebles del que, a título indiciario, podría deducirse la no voluntad de
vender aisladamente al de la causa -no ponderado en la sentencia se insiste-, puede evidenciarse, por
ej., a través de los testimonios de Silvia L. Tissera y Graciela R. Marzari, quienes alquilaran a la mujer
un inmueble contiguo al que, a su vez, alquilaba Chanique, desde el año 1993 hasta el 2004 e hicieran
funcionar allí un jardín de infantes.
* La forma en que, según las cláusulas del cuestionado contrato de compra-venta, se concretó la
operación -tal como lo denuncia la parte querellante- tampoco aparece debidamente ponderada en el
análisis del fallo atacado.
Es que si tenemos en cuenta que "la vendedora" era una persona sumamente meticulosa, ordenada,
inteligente y desconfiada en el manejo de sus bienes al punto de controlar los billetes que se le
entregaban (ver, p. ej., testimonios de quienes fueran inquilinas de la misma, Silvia Tissera y Graciela
R. Marzari -recién nombradas-), ello no se compadece con que la supuesta enajenación se hiciera
recibiendo solo la mitad del valor convenido y que el resto ($ 32.500) se pactara en cinco cuotas
anuales iguales de $ 6.500 cada una.Lo anterior por cuanto, por un lado, Martínez de Núñez era una
mujer de avanzada edad (85 años) a la que por el manejo que de sus bienes tenía era más que claro que
se representara que algunas de esas cuotas no pudiera cobrarlas en vida; por el otro, resulta difícil
imaginar que una persona con el conocimiento de los negocios inmobiliarios como el que la nombrada
tenía, pactase una venta a tan largo plazo (en pesos, se reitera) sin fijar cláusula alguna de interés, más
aún en el contexto de la economía en el que se encontraba nuestro país en ese entonces , fines del año
2000, preludio de la crisis que se desatara al año siguiente (conocido luego como "corralito" y
"corralón" financiero), la cual ya se avizoraba.
Lo aquí apuntado, constituye un indicio cargoso más que informa sobre la real inexistencia del mentado
boleto y la efectiva inserción de firma en blanco por parte de Martínez de Núñez en el documento en
cuestión, indicio que, debió ponderarse en el cuadro probatorio en que se insertó.
* Se cuestionó que el imputado no pidió informes sobre la casa en cuestión al Registro de la Propiedad
Inmueble al momento de la supuesta compra-venta y que ello recién lo hizo cuando demandó ante la
justicia civil la resolución del citado contrato y resarcimiento de daños.
Esta cuestión también fue denunciada como omitida por el acusador privado, lo cual es así ya que la
lectura de la sentencia permite advertir que tal extremo no fue ponderado, máxime si se piensa que
quien supuestamente adquiría el inmueble y hacía una erogación dineraria correspondiente al 50% del
valor supuestamente pactado era, ni más ni menos que un abogado.
* También fue denunciado por el querellante como omitido que el imputado no comunicara a los
familiares de Martínez de Núñez sobre la supuesta compra del inmueble (lo cual constituiría un indicio
de cargo) que, como se vio, habría tenidolugar el 20/12/00, mientras que -según el propio imputado- la
primera vez que refirió a algún pariente algo sobre el punto fue en agosto de 2003 (a la sobrina política
Di Tocco), cuando aquella ya había fallecido (lo cual ocurrió en mayo de 2003).
* Omitida en la sentencia también fue otra circunstancia señalada por la parte ofendida relativa al
notario interviniente en la compra venta del inmueble. Se alegó aquí que en el supuesto boleto de
compra-venta se había consignado que la escritura traslativa de dominio de la propiedad se haría
oportunamente ante el escribano que designara el vendedor (según el boleto cuestionado, Martínez de
Núñez) y del testimonio de Bartolomeo de Perazzo surge que la misma era la escribana de María
Amelia desde el año 1987; no obstante, llamativamente y de manera contraria a las características de
personalidad de la nombrada (mujer de edad, controladora y apegada a sus costumbres), la certificación
de firma -sólo la de D.- se hizo ante la escribana del imputado (Dra. Vocco).
* Ambos recurrentes denunciaron como analizado en la sentencia de manera parcializada al manuscrito
que confeccionara Martínez de Núñez el 8/2/01.
En el decisorio atacado, como se vio, se puso hincapié en que la nombrada consignaba que ese día D. le
había hecho firmar dos hojas en blanco relacionadas a la intimación que debía realizarse al inquilino
Chanique por falta de pago y que, de haber existido tales firmas en blanco, se habrían limitado a ese
trámite, lo cual encuadraba perfectamente con el contenido del recibo de fs. 135 donde, a pedido de la
nombrada, de Di Tocco y de María S. Martínez, el imputado, con fecha 10/2/01 entregó a María
Amelia, entre otra documentación, "dos cartas de intimación. correspondiente al caso Chanique. No
quedando.documentación alguna para ser reclamada al Dr. Duilio N. D.".
Llevan razón aquí los recurrentes.Es que si se hiciera una lectura solo de la parte inicial del mentado
manuscrito de fs. 8, podría concluirse como lo hizo el juzgador, empero si la lectura de tal escrito se
realizara in totum, se advertiría que allí Martínez de Núñez además de referirse a los dos documentos
en blanco firmados ese día, consignó que con D. no la unía "ningún otro trato comercial" y que el
mismo "no tiene derecho a nada". Esto sería contradictorio con lo plasmado 45 días antes del
manuscrito en el supuesto contrato de compra-venta, donde, como ya se dijo, se consignaba que el
imputado se obligaba a efectuar en beneficio de ella cinco pagos anuales de $ 6.500 cada uno, el
primero de ellos con fecha 20/12/01, es decir, once meses después de la fecha del manuscrito que
negaba todo "otro trato comercial".
* Ignoradas también fueron en la sentencia ciertas características de personalidad de María Amelia
Martínez de Núñez, como lo denuncia el Sr. Fiscal de Cámara en su recurso.
Lo anterior por cuanto en el fallo se plantea como hipótesis que lo que podría haber ocurrido es que,
con posterioridad a la venta del inmueble "las angustias y preocupaciones de Núñez y su familia
pudieron deberse no por la cuestión de las firmas en blanco sino por la efectiva enajenación de una de
las propiedades que integraban el acervo hereditario". Empero, como lo sostuvo el titular de la Acción
Penal, lo anterior contrastaría con la honestidad y seriedad comercial que todos los testigos han
predicado de Martínez de Núñez, desde que la misma, en la lógica del a quo, habría vendido el
inmueble a D. y luego lo habría negado, recibiendo -paralelamente y a lo largo de los dos años
siguientes- las cuotas anuales para luego defraudar a D., donando "todos sus bienes" a su sobrino nieto
preferido.
* También fueron ponderadas fragmentariamente las evidencias relativas a la autenticidad o falsedad de
los recibos de fs.10, tal como lo denuncia el Sr. Fiscal de Cámara.
En dicha foja obra fotocopia de dos recibos donde se consigna la firma de María Amelia Martínez de
Núñez apareciendo como quien recibe de parte del imputado la suma de $ 6500 en cada uno de ellos,
en concepto de la primera y segunda cuota del "contrato compraventa inmueble." objeto del boleto
cuestionado.
El a quo, como se observó líneas arriba, a fin de descartar la falsedad de dichos recibos, negó las
conclusiones a las que arribaran los peritos Zana y Romón (fs. 1498 vta.) relativas a la falsedad de la
firma y luego consideró que lo atinente a que tales documentos hubieran sido confeccionados a
máquina de escribir no se encontraba probado por no estar debidamente profundizada la investigación,
ya que ante la negativa del imputado de contar en su oficina con alguna de dichas máquinas, se contaba
solo con los dichos de la testigo Hernández (quien trabajara para D.), lo que debería haber motivado la
realización de alguna prueba a fin de determinar tal extremo; agregando otro argumento más, cual era
que los recibos de la causa fueron confeccionados en los "clásicos talonarios usados por la mujer".
Lo recién afirmado, como lo señala el Sr. Fiscal de Cámara, no se compadece con las constancias de la
causa, más allá de que coincide con la sentencia en cuanto que, conforme los resultados de las pericias
caligráficas, no puede predicarse la falsedad de la firma inserta en cada recibo.
Empero, las probanzas que señala a fin de cuestionar la fidelidad del contenido de tales recibos (a lo
que ya se había referido en los alegatos y sobre lo que expresamente se defendió el imputado), fueron
omitidas en la sentencia de marras.
En primer lugar no solo familiares de Martínez de Núñez (ej. Juan Esteban Martínez) relatan que la
mujer siempre confeccionaba los recibos de puño y letra y no utilizaba máquina de escribir alguna, sino
que también ello surge tanto de testigos independientes (ej.Rita P.E. Alfonso y María E. Bertorello
-empleadas del Contador Echenique-) como de los múltiples recibos librados por la mujer a lo largo de
cerca de veinte años y que se incorporaron a la causa (ver fs. 987/1049 y recibos varios que obran
agregados en las carpetas de prueba).
En segundo término no da el juzgador razones de porqué con los dichos de la Natalia Hernández
(empleada a la fecha de los hechos del acusado, quien terminara la relación laboral con el mismo en
buenos términos) no pueda acreditarse que D. tuviera en su estudio jurídico una máquina de escribir,
máxime si se piensa sobre cuándo ello ocurrió (año 2000) y la edad que tenía el imputado en ese
entonces (43 años) de donde bien puede pensarse que tal instrumento de trabajo lo tenía -como tantos
otros abogados- desde aquellas épocas en que aún no se había propagado el uso de herramientas
informáticas.
Por último, corresponde destacar que el formulario que se utilizó para esos dos recibos, contrariamente
a lo que sostiene la Cámara, no era el que utilizaba Martínez de Núñez, aspecto que surge claramente
de comparar los mentados recibos de fs. 10 con aquellos obrantes tanto a fs. 987/1049 como los que
obran agregados en las carpetas de prueba que expidiera la mujer a lo largo de tantos años.
* Es en este cuadro probatorio omitido, entonces, donde deben ponderarse los dichos del Contador
Público Carlos J. Echenique y sus empleadas Alfonso y Bertorello, a quienes -aparentemente a
mediados de 2002- Martínez de Núñez les transmitía su preocupación por haberle firmado documentos
en blanco al imputado D.
Merituando estos dichos, como asimismo los de la escribana Bartolomeo de Perazzo, el sentenciante
plantea como hipótesis que Amelia de Núñez haya actualizado a finales del 2002 una preocupación por
papeles firmados en blanco a D.que, en su caso estarían vinculados "con los acontecimientos de febrero
de 2001 que tuvieron finiquito en esa época". Empero, lo anterior solo es posible si se efectúa una
ponderación parcial del testimonio del nombrado Echenique (denunciado como omitido por la querella)
desde que además de lo anterior, el mismo relató que la mujer le dijo que lo firmado en blanco eran
"tres hojas en blanco" (algunas de las cuales, "no todas" había logrado recuperar) mientras que lo
relativo a los "acontecimientos de febrero de 2001" -en palabras del a quo- fueron "dos hojas en
blanco".
* También en tal cuadro de situación debió ser ponderado el testimonio de quien fuera empleada
doméstica de Martínez de Núñez en la fecha de los hechos: María Rosa Galíndez, quien en lo que aquí
interesa relató que en el mes de diciembre de 2000 D. concurrió al domicilio de su patrona y le hizo
firmar hojas en blanco, estimando que eran cuatro, aunque con seguridad que eran más de dos.
Este testimonio que la querella denuncia omitido, en rigor fue descartado por el sentenciante por
considerarlo mendaz (en la parte resolutiva, se resolvió, incluso la remisión de partes de la causa a la
Fiscalía de Instrucción que correspondiera por entender que la testigo habría cometido un delito de
acción pública).
Si bien es cierto que determinados aspectos a los que la testigo hizo referencia -ej. confianza que dijo
tener con la mujer pese al poco tiempo que trabajó con la misma- pueden hacer dudar sobre su absoluta
credibilidad (al igual que el de Chanique al que el sentenciante le asigna plena credibilidad), este dato
recién apuntado -en el contexto que se inserta, se insiste- no pareciera que deba ser descartado sin más.
Lo anterior es así si se tiene presente que esta Sala ha dicho que "en virtud del principio de la libertad
probatoria previsto en el art.192 del CPP, todos los hechos y objetos del proceso pueden ser acreditados
por cualquier medio de prueba, por lo que no se encuentra óbice para que el juzgador, conforme a su
libre convicción, pueda escindir parcialmente cualquier probanza, ponderando sólo aquellos tramos que
aparezcan veraces, es decir, contestes con los completos elementos de prueba analizados" (T.S.J., Sala
Penal, "Lezama", A. nº 35, 23/2/2001; "Adad", A. nº 98, 19/3/2001; "Garrido", A. nº 135, 6/4/2001;
"Suárez", A. nº 75, 4/4/2002; "Albornoz", A. nº 196, 18/6/2002, "Chiappero", S. n° 339 del 18/12/09;
entre otros).
* Finalmente resta considerar la cuestión relativa a la pericia caligráfica que en autos efectuó el Perito
de Policía Judicial Juan Zana (fs. 557 y ss).
En la misma y en lo que aquí interesa, el mentado idóneo concluyó que resultaba altamente probable
que la firma de Martínez de Núñez plasmada en el controvertido boleto de compra-venta fue puesta con
anterioridad al texto impreso en el mismo.
Como se vio, el sentenciante privó de toda fuerza convictiva a dicha pericia sosteniendo que para
arribar a tal conclusión se requirió la participación del Dr. Carlos Más (investigador del Conicet) a
quien Zana simplemente "acompañó" y que el nombrado se valió de un método (microspopía confocal)
no validado científicamente, que afectaba el control por parte de los otros peritos -los de control- por
desconocerlo; que se desconocía cual era el software con el que funcionaba el microscopio; que ese
método no había fue utilizado en otra oportunidad, etc.
Los recurrentes impugnan en esta sede el descarte probatorio que realiza el a quo en relación a tal
probanza de relevancia en casos como el presente.
No es un dato menor, como lo destaca el Representante del Ministerio Público, que la defensa del
imputado solicitó la realización de una nueva pericia caligráfica en los actos preliminares del juicio, lo
cual fue denegado por el tribunal de mérito al considerarla superabundante (fs.1055/1056).
Al margen de ello, cierto es que tanto de la lectura de la pericia cuestionada como del testimonio
brindado por el nombrado Zana en el debate (fs. 1465 vta. y ss) se advierte que tuvo importante
gravitación el método de microscopía en barrido confocal aportado por Más para concluir que Martínez
de Núñez había puesto su firma en blanco en la hoja donde luego se imprimió el texto del boleto de
compra-venta (con el grado de "alta probabilidad").
También es cierto que dicho método no se encontraba científicamente validado (así lo expresó Más y
sobre eso no hay discusión). Pero no por ello se comparte plenamente lo sostenido por el sentenciante.
Es que la no validación del método, en su caso, podría impactar en la contundencia probatoria de la
medida. Empero, no puede desconocerse que la técnica en cuestión surgió de campo científico
identificable, por lo que no pareciera que, sin más, correspondiera desc artársela por completo -como lo
entiende el juzgador- desde que la función del perito de control como auxiliar técnico de la parte que lo
propone no necesariamente es la de compartir los conocimientos con el oficial, sino la de tener la
posibilidad de verificar ("controlar") que se hayan cumplido los pasos que éste dice haber realizado
para concluir como lo hizo y contar con la oportunidad de, si así lo entendiera, discrepar utilizando la
misma técnica que el oficial o bien (en caso de carecer de destreza, conocimiento sobre esa técnica o
por lo que fuera) otra que considere que aporta información útil.
Empero, al margen de la discusión que podría generarse alrededor de lo ponderado en el párrafo que
antecede, no debe ignorarse que tanto de lo que dijera el acusador público en su alegato como de lo que
consignara el nombrado Zana en dicha pericia a fs.559 vta., surge que éste inicialmente utilizó la
aparatología que dispone Policía Judicial (en la conclusión final el Fiscal habló del "trabajo de Zana"
como algo diferenciado del de Más).
Por tal motivo y ante el cuadro probatorio al que se viene haciendo referencia, compatible con un buen
servicio de administración de justicia hubiera resultado que si tales falencias periciales se advertían, se
hubiera utilizado la alternativa procesal prevista en el art. 400, 2do. párr. del C.P.P. (y su remisión al
art. 241 íbid) a fin de aclarar lo expuesto por Zana y determinar si el mismo, con la utilización de
aquella aparatología existente en Policía Judicial a las que hizo referencia a fs. 559 vta. y valiéndose de
métodos que no ofrecían las tachas relativas a la validación, arribó a las mismas conclusiones.
Lo recién sostenido, huelga aclarar, no es más que una reiteración de la doctrina que esta Sala -con
modificación parcial en su integración- sostuviera en el precedente "Gómez" (S. n° 19 del 30/4/97),
oportunidad en que se sostuviera que "La ley procesal (CPP, 400, 2º párrafo) otorga al juez la potestad
(poder-deber) de citar al debate a los peritos intervinientes a efectos de aclarar el dictamen formulado,
cuando presente puntos oscuros, confusos o requieran precisiones, sin que implique una alteración de la
conclusión pericial, y a ampliar sobre aquellos puntos que no fueron originariamente propuestos. Tal
facultad surge de los principios relativos a la "libertad de los medios de prueba" y "la averiguación de
la verdad material". La aclaración se encuentra vinculada a la insuficiencia o defectos de la motivación,
pero condicionada a la incolumidad de sus conclusiones y a la prohibición de pronunciarse sobre
puntos diferentes a los originariamente propuestos.La ampliación tendrá lugar en el caso que el
dictamen sea "insuficiente" a los fines del descubrimiento de la verdad y podrán ser citados, a fin de
lograr la correspondiente ampliación oral o para que se practiquen las operaciones periciales necesarias.
La insuficiencia podrá derivar de omisiones o de la defectuosa explicación de algún punto sometido a
la pericia o bien sobre nuevos puntos. (Cafferata Nores, José I., "La Prueba en el Proceso Penal", ed.
Depalma, Bs. As., 1968, p. 78/79 y 85)".
Dicho lo anterior, el juicio de reenvío que aquí se dispondrá, se muestra, entonces, como una ocasión
válida para dilucidar tal aspecto, oportunidad en la que regirá entre las partes el contradictorio pleno
sobre el punto.
Para concluir, se puede sostener que más allá de las imprecisiones y distorsiones sobre los hechos en
que habrían incurrido los familiares de María Amelia Martínez de Núñez (personas sin dudas
interesadas en las resulta de la causa); de contradicciones vertidas por la testigo Galíndez o bien de la
discusión generada en torno al aporte convictivo de las pericias caligráficas practicadas en autos, se
puede afirmar que de haberse integrado en el análisis las probanzas denunciadas como omitidas (recién
ponderadas) no resultaba razonable arribar a la conclusión dubitativa a la que arribó el a quo, por lo que
se configura un defecto captable como fundamentación omisiva que vicia la validez de la sentencia.
Es mi voto.
La señora Vocal doctora María Esther Cafure de Battistelli, dijo:
La señora Vocal preopinante, da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la
presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.
La señora Vocal doctora María de las Mercedes Blanc G. de Arabel, dijo:
Estimo correcta la solución que da la señora Vocal Dra.Aída Tarditti, por lo que, adhiero a la misma en
un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.
A LA SEGUNDA CUESTION:
La señora Vocal doctora Aída Tarditti, dijo:
Atento al resultado de la votación que antecede, corresponde:
I. Hacer lugar a los recursos de casación interpuestos por el querellante particular Fernando A.
Martínez, patrocinado legalmente por el Dr. Paulo César Espamer, y por el Sr. Fiscal de Cámara, Dr.
Alejandro Cabrera y en consecuencia, corresponde anular la sentencia número noventa del tres de
agosto de dos mil diez de la Cámara en lo Criminal de Primera Nominación de la ciudad de Río Cuarto
en cuanto, en lo que aquí importa, resolvió: "1. ABSOLVER a D. N. D., ya filiado, de los delitos que, a
título de falsificación de instrumento privado, defraudación por abuso de firma en blanco y estafa
procesal en grado de tentativa, le atribuía el Auto de Elevación a Juicio, disponiendo la cancelación de
la caución personal prestada. Costas por su orden.".
II. Reenviar los presentes a la Cámara en lo Criminal de la ciudad de Laboulaye, para su nuevo
juzgamiento conforme a derecho, por haber intervenido en estos actuados ambas Camaras en lo
Criminal de la Sede Rio Cuarto.
III. Sin costas, atento al éxito obtenido en esta Sede (arts. 550, 551 y 552, C.P.P.).
Así voto.
La señora Vocal doctora María Esther Cafure de Battistelli, dijo:
La señora Vocal preopinante, da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la
presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.
La señora Vocal doctora María de las Mercedes Blanc G. de Arabel, dijo:
Estimo correcta la solución que da la señora Vocal Dra. Aída Tarditti, por lo que, adhiero a la misma en
un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.
En este estado, el Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de su Sala Penal;
RESUELVE: I.Hacer lugar a los recursos de casación interpuestos por el querellante particular
Fernando A. Martínez -patrocinado legalmente por el Dr. Paulo César Espamer-, y por el Sr. Fiscal de
Cámara, Dr. Alejandro Cabrera y en consecuencia, corresponde anular la sentencia número noventa del
tres de agosto de dos mil diez de la Cámara en lo Criminal de Primera Nominación de la ciudad de Río
Cuarto en cuanto, en lo que aquí importa, resolvió: "1. ABSOLVER a D. N. D., ya filiado, de los
delitos que, a título de falsificación de instrumento privado, defraudación por abuso de firma en blanco
y estafa procesal en grado de tentativa, le atribuía el Auto de Elevación a Juicio, disponiendo la
cancelación de la caución personal prestada. Costas por su orden.".
II. Reenviar los presentes a la Cámara en lo Criminal de la ciudad de Laboulaye, para su nuevo
juzgamiento conforme a derecho.
III. Sin costas, atento al éxito obtenido en esta Sede (arts. 550, 551 y 552, C.P.P.).
Con lo que terminó el acto que, previa lectura y ratificación se dio por la señora Presidente en la Sala
de audiencias, firman ésta y las señoras Vocales, todo por ante mí, el Secretario, de lo que doy fe.
Dra. María Esther CAFURE DE BATTISTELLI
Presidenta de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia
Dra. Aída TARDITTI. Vocal del Tribunal Superior de Justicia
Dra. M. de las Mercedes BLANC G. DE ARABEL. Vocal del Tribunal Superior de Justicia
Dr. Luis María SOSA LANZA CASTELLI. Secretario del Tribunal Superior de Justicia
